El Blog de Pedro Arturo Aguirre

Bush vs Gore: ¿El principio del fin?

Se cumplen 24 largos años desde que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su histórica sentencia en el caso Bush vs. Gore, y desde entonces los estadounidenses han visto como su democracia no para de erosionarse. Quizá fue el principio del fin. La del 7 de noviembre de 2000 ha sido bautizada como “la noche electoral más larga de todos los tiempos” porque fue hasta el 13 de diciembre, tras 36 intensos días de litigio poselectoral, que Al Gore concedió el triunfo a su rival tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no obligar a las autoridades de Florida a realizar un escrutinio manual de los votos rechazados por las máquinas contabilizadoras de votos. Por algún tiempo pareció que los absurdos de esta elección iban a obligar a la clase política norteamericana a revisar su obsoleto sistema indirecto, el cual hasta la fecha consiste en elegir al presidente mediante un Colegio Electoral (verdadera reminiscencia del siglo XVIII), e incluso que darían lugar a algún tipo de “federalización” de los comicios para presidente, senadores y miembros de la Cámara de Representantes con la creación de un organismo central. Pero nada de eso sucedió, y Estados Unidos mantiene la vigencia de un sistema electoral deficiente y anacrónico.

En general, en estas elecciones las estrategias seguidas por los dos candidatos siguieron los cánones impuestos desde hace ya mucho tiempo: gastos exorbitantes en los medios, concentración de esfuerzos en los estados clave (swing states) y cortejo de las minorías. Por otra parte, un sector que aparecía clave para determinar quién sería el vencedor lo representaban las mujeres, tendencia que -por cierto- no ha parado de incrementarse. En las elecciones estadounidenses el voto femenino alcanza, en promedio, unos seis puntos porcentuales por encima de la media nacional, por cierto un dato que puede ser determinante hacia las elecciones a punto de celebrarse y que enfrentan a Kamala Harris con Donald Trump. En principio, en el 2000 las condiciones eran favorables para el vicepresidente Gore. No existían amenazas internacionales graves, el estado de la economía era excelente, el desempleo y la inflación están a niveles mínimos, la revolución tecnológica iba a tambor batiente y no se registraban graves conflictos sociales o raciales. Con esos ingredientes, Gore debía tener casi garantizada la victoria. Pero no fue así. Paulatinamente, la elección dejó de ser un mero trámite para convertirse en una contienda reñida e interesante donde los insultos y los temas coyunturales pasaron a un segundo plano, algo cada vez más inusitado en las campañas electorales y más en los tiempos actuales. De eso mucho se extraña. Aunque, sin duda, en estos comicios también jugo el tema de la personalidad. Bush Jr. exhibía simpleza y simpatía mientras que Gore aparecía como un hombre demasiado perfecto y robótico al que le costaba trabajo conectar con la gente.  

Los resultados reflejaron diferencias sustanciales entre las preferencias electorales de hombres y mujeres, minoría y anglosajones, Norte y Sur, Este y Oeste, zonas rurales y grandes ciudades. Una sociedad crecientemente compleja dividida por las urnas en dos mitades iguales. Los problemas empezaron con el recuento de votos en Florida. Los responsables de la campaña de Al Gore denunciaron la existencia de “serias y sustanciales irregularidades” en cuatro condados de este estado y exigieron un recuento de votos esta vez manual y no solo mecánico en esas circunscripciones. Asimismo, cientos de electores de Palm Beach manifestaron su inconformidad por confuso diseño de las papeletas. El día de la elección fueron anulados en Palm Beach la extraordinaria cantidad de 19,200 sufragios porque tenían agujereadas dos opciones electorales. Pero el Tribunal Supremo, mediante una sentencia larga, farragosa y repleta de reticencias particulares expresadas por los jueces más liberales, rechazó la petición. Para disipar toda duda y evitar hipotecar la legitimidad del cargo con mayor poder en el mundo actual, seguramente se tenía que haber procedido a un recuento general en Florida. Había habido tiempo para hacerlo. Pero los republicanos y la mayoría de los jueces conservadores en el Tribunal Supremo impidieron esta salida, provocando que George W. Bush ganara únicamente porque tenía el reloj a su favor.

El país quedó desconcertado y dividido, con enormes dudas sobre la legitimidad de su nuevo presidente, la fiabilidad de su sistema electoral y, sobre todo, la independencia de los jueces. La politización de la instancia superior del Poder Judicial fue el más ominoso legado de esta crisis. El caso, discutido y decidido en el transcurso de solo dos días, olía a favoritismo político. En los años que siguieron los jueces y abogados leales a Bush recibieron una lluvia de recompensas políticas de un Partido Republicano agradecido. Tres defensores de la campaña de Bush: John Roberts, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, son hoy jueces del Tribunal supremo, nombrados todos por Trump y fueron responsables de decisiones tan polémicas como la inmunidad presidencial frente a la comisión de ciertos delitos, la revocación de la sentencia Wade vs Roe sobre derechos reproductivos, la supresión del derecho de votos en ya demasiados casos, y muchas más. Finalmente, muchos son los analistas consideran a la sentencia Bush vs Gore como el comienzo de una tendencia hoy coronada por la traición a la democracia por parte del Partido Republicano en favor del autoritarismo del “hombre fuerte” al estilo de Trump.

Pedro Arturo guirre

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2 nov 24

La “Superpotencia” de Pacotilla

Esta semana se celebró en la histórica ciudad rusa de Kazan la 16° cumbre de los BRICS, ese grupo que pretende ser el contrapeso mundial de las potencias Occidentales. Estaba la reunión diseñada por Putin para demostrar que Rusia no está aislada políticamente en el mundo a pesar de haber emprendido una criminal guerra en Ucrania y esperaba que sus “aliados” le refirmaran de alguna manera algún tipo de apoyo. Pero tal cosa no sucedió. En la declaración final de los BRICS solo se mencionó una vez a la guerra de Rusia en Ucrania y, por otro lado, estableció que todos los signatarios deben actuar de acuerdo con los principios de la Carta de la ONU, incluida la disposición sobre el respeto de la integridad territorial. Además, pide a los Estados BRICS dar la bienvenida a las ofertas relevantes de mediación destinadas a garantizar una solución pacífica de la guerra a través del diálogo y la diplomacia. Justamente esa es la posición de Ucrania: que los principios de la Carta de la ONU son una vía principal a través de la cual se puede lograr la paz y ha destacado la ilegalidad de la guerra de Rusia según el derecho internacional.

Putin no ha sido capaz de exportar sus enfoques sobre el cambio del orden mundial y la arquitectura de seguridad global. Los BRICS están muy lejos de aceptar el sistema alternativo de acuerdos internacionales que Rusia quiere. De hecho, integrantes como India, Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Sudáfrica se oponen a la transformación de los BRICS en una coalición antiestadounidense. Incluso Xi Jinping, reiteró la posición de China de pedir una desescalada en la guerra de Rusia en Ucrania e incluso desalentó la participación de terceros. No le gusta a Xi la participación norcoreana en la guerra, por eso enfatizó la necesidad de promover una rápida desescalada militar y evitar “echar leña al fuego”. También anunció la creación de un grupo con la participación de China, Brasil y varios países del Sur global llamado “Amigos de la Paz” cuyo objetivo es unir voces en apoyo de una resolución pacífica del conflicto ruso-ucraniano.

Rusia de nuevo está probando ser un gigante con pies de barro, toda una superpotencia de pacotilla. Ahora necesita de las tropas y del material militar de Corea del Norte para sostener su absurda y criminal guerra en Ucrania, la cual Putin emprendió, en mala hora, con la supuesta pretensión de devolverle a Rusia su “espacio de influencia imperial”. Tras dos años de guerra, el ejército ruso está exhausto, con más de 600 mil bajas entre muertos y heridos. Las peticiones de los generales rusos para movilizar nuevas tropas habían caído en oídos sordos. No bastó ofrecer bonificaciones exorbitantes a los reclutas dispuestos a firmar un contrato y ser enviados al infierno del frente. El dictador ruso pretende ser el último líder decimonónico de Europa. Una especie de canciller prusiano que piensa en términos de territorio, recursos y fuerza bruta. Un supuesto estratega de la Realpolitk geopolítica que trata el sueño imperial ruso, si no con la persuasión de la cultura, la ciencia o la economía, pues con la de los tanques. Pero no le alcanza para eso. Aquí reside el drama de Rusia. Su trepidante historia y su poderío nuclear están empañados por su relativamente modesta economía, su notable recesión demográfica y una geografía engañosa que es imponente sobre el mapa, pero donde abundan las vulnerabilidades estratégicas.

Mientras las empresas chinas y estadounidenses disputan los mercados mundiales la patria de Dostoyevski, Tolstói y Shostakovich está de capa caída. Posee el arsenal nuclear más grande del mundo, su cultura es universalmente respetada y su influencia política regional es (todavía) innegable, pero el 60 por ciento de sus exportaciones son hidrocarburos y, por tanto, depende de los vaivenes del precio de la energía. Cierto, también exporta otras materias primas y armamento, pero su PIB (a final de cuentas) es inferior al de Italia. En términos de renta por habitante, Rusia anda a la zaga de Kazajistán, Croacia y Rumanía. También es uno de los países industrializados menos productivos del mundo: ocupa el puesto 39, de un total de 42 del índice de productividad de la OCDE. Según expertos, estos rezagos se deben a un cóctel que incluye corrupción, bajas inversiones, malas infraestructuras y una demografía a la deriva. Según distintos cálculos, la población se reducirá entre un 7 y un 17 por ciento para mediados de este siglo. Y la geografía tiene sus trampas, con casi el 80 por ciento de los rusos viviendo en las regiones occidentales del país, a tiro de piedra, de la OTAN.

Según el periodista Tim Marshall, en su ya célebre libro “Prisioneros de la geografía”, comenta que “desde la invasión de Napoleón en 1812 hasta la Segunda Guerra Mundial los rusos han entrado en guerra con algún país europeo, en promedio, una vez cada 33 años. Aun así, Rusia, con aproximadamente el doble de territorio que Estados Unidos, tiene una proyección militar humilde. Washington gasta siete veces más que Moscú en sus fuerzas armadas, que dominan el aire y, sobre todo, los mares. La mayoría de los puertos rusos, incluido el de Vladivostok, en el Pacífico, se hielan varios meses al año, lo cual impide a Rusia convertirse en una potencia naval. Esto hace que sus puertos de aguas cálidas (Sebastopol en Crimea y  Tartus en Siria) tengan la máxima prioridad geoestratégica”. Esta película ya a hemos visto antes. La URSS tenía un imperio que se extendía desde Berlín hasta Vladivostok, sin embargo, había disimulos: los estadounidenses gastaban en defensa un 4 por ciento del PIB mientras los soviéticos le dedicaban hasta un cuarenta. Era una superpotencia pobre capaz, sí, de fabricar una bomba de hidrógeno o de mandar a un hombre al espacio, pero cuyos habitantes hacían horas de cola para comprar una chuleta. Por eso desapareció y al muy poco tiempo de su disolución todos sus exaliados ya formaban parte de la OTAN o de la Unión Europea. Según los analistas rusófilos, Estados Unidos se aprovechó de un “momento de debilidad” de Rusia para asociarse con sus vecinos (un argumento que menosprecia la voluntad libre y soberana de todas esas naciones). Pero a la vista de las circunstancias cabe preguntarse si realmente fue un “momento de debilidad” o simplemente una vuelta a la normalidad después de un excepcional período de fortaleza, que no llegó a durar ni medio siglo.

Pedro Arturo Aguirre

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26 oct 24

 

El golpismo en Brasil, ayer y hoy

El pasado 1 de abril se cumplió el 60° aniversario del golpe de Estado en Brasil que condenó al país amazónico a padecer más de veinte años de una ominosa dictadura cuyo oscuro legado de represión, censura y violaciones sistemáticas a los derechos humanos aún deja sentir sus efectos. Esta conmoración ocurrió cuando se desarrollaba una investigación sobre otro intento de derrocar a un gobierno democráticamente elegido, donde los presuntos conspiradores fueron el expresidente Jair Bolsonaro y un grupo de militares allegados. Quizá por eso mismo este aniversario pasó ausente de actos oficiales de conmemoración por orden del presidente Lula da Silva, quien al parecer no quiso “echarle más leña al fuego” y evitó incrementar tensiones con las fuerzas armadas. Esta decisión de Lula consternó a la izquierda, la cual esperaba del gobierno honrar a las víctimas de un régimen que restringió las libertades y torturó, encarceló y asesinó a los opositores, uno de ellos precisamente Lula, quien fue encarcelado por liderar huelgas durante el período autocrático.

El golpe de los años sesenta puso punto final a uno de los períodos más brillantes en la historia brasileña: Fue la “edad de oro” del bossa nova, cuando músicos y poetas reflejaban el estado de ánimo de la entonces la boyante y optimista clase media brasileña, en especial de la que vivía en Río de Janeiro. Para Brasil, el futuro se mostraba prometedor y brillante. Era aún el país del futuro que pronosticara, en su momento, Stefan Zweig, con un presidente inteligente, emprendedor y popular como lo fue Jucelino Kubitschek; una nueva capital, Brasilia, futurista y deslumbrante, concebida por el genio de Oscar Niemayer; un interesante movimiento de cineastas muy creativo conocido como el cinema novo; el auge de importantes escuelas de arte, sobre todo en Sao Paulo; y (para los brasileños no menos importante) con la generación de Pele, Garrincha, Zito, Vava, Didi, Amarildo, Zagallo y las estrellas que salieron campeonas del mundo en los mundiales de fútbol de 1958 y 1962. Pero todo eso se fue al traste por culpa de malos políticos, militares ambiciosos y las vicisitudes de la Guerra Fría

Todo empezó a finales de 1960 con la elección del demagogo Janio da Silva Quadros como nuevo presidente de Brasil para sustituir a Juscelino Kubitschek. Quadros era un político pintoresco cuya principal promesa consistía en combatir la corrupción y para demostrar su determinación en emprender dicha tarea hizo campaña presentándose en los mítines blandiendo una escoba (tal como lo hizo hace poco Javier Milei con su motosierra). El auge brasileño vino acompañado de mucha corrupción, sobre todo en torno a la construcción de Brasilia, y por eso el mensaje de Quadros caló tanto. Pero era un individuo extravagante e impredecible. Desde el principio, los militares brasileños desconfiaron de él, sobre todo porque había viajado a La Habana para “aprender qué está sucediendo allí” y encontrarse con Fidel Castro y Ernesto Guevara. Y, ciertamente, su presidencia fue errática, por decir lo menos. Sobrevino una situación de inestabilidad y de enfrentamientos con la oposición, sobre todo con el Senado. Quadros presentó su renuncia de manera intempestiva el 25 de agosto de 1961, apenas siete meses después de su toma de posesión, como una descabellada estrategia para doblegar al Senado. La idea no funcionó. El Congreso aceptó la renuncia y asumió la presidencia el entonces vicepresidente Joao Goulart.

El nuevo presidente había estado asociado al gobierno populista Getulio Vargas y tenía la intención de aplicar un ambicioso programa económico y social con un decidido intervencionismo estatista, amplio reparto de tierras, aumentos significativos a los impuestos a la renta y proteccionismo comercial. Todo esto sin contar con mayorías suficientes en las Cámaras legislativas. En política exterior trató de establecer un equilibrio con Estados Unidos mientras promovía un acercamiento político a los países del Pacto de Varsovia. La oposición, las fuerzas armadas y Estados Unidos se opusieron a las ideas de Goulart. La “gota que derramó el vaso” vino a finales de marzo de 1964, cuando el presidente “Jango” (como se conocía popularmente a Goulart) pronunció un discurso anunciando un paquete de medidas para mitigar las desigualdades sociales, el cual fue detonante del golpe de Estado porque fue percibido como “demasiado apasionado” por la derecha. El 2 de abril de 1964 el presidente del Senado Federal declaró vacante la presidencia de la República y los militares tomaron el poder en Brasil y comenzaron a gobernar a través de Actos Institucionales (AI), decretos con supuesto poder constitucional para intentar legitimar la dictadura y ampliar los poderes de los militares. Según un informe de la Comisión Nacional de la Verdad, el régimen militar fue responsable directo de 434 muertes y desapariciones forzadas, cifra si bien mucho menor que la de las víctimas de las dictaduras militares en Argentina o Chile, pero los defensores de los derechos humanos no dejan de hacer énfasis en los más de 20 mil casos de tortura perpetrados en este período.

Actualmente las aspiraciones golpistas siguen siendo vistas como una táctica política legitima por la extrema derecha. Al igual que el episodio de 2023, el movimiento de 1964 respaldó el discurso de “liberar al país de la corrupción y el comunismo”. Por ello, desde su retorno a la presidencia para un tercer mandato Lula ha buscado mejorar las relaciones con las fuerzas armadas, máxime ahora que viven un momento delicado. Por otra parte, cunden en Brasil las narrativas revisionistas que hacen la apología de la dictadura. Los defensores del golpe de Estado de 1964, entre ellos el expresidente Bolsonaro y sus simpatizantes, señalan que ese movimiento que contó con el respaldo de la clase media, los medios de comunicación y las élites empresariales y la califican de “revolución” porque supuestamente salvó al país del comunismo y llevó a Brasil al pleno desarrollo. Existe un vínculo directo entre tal apologismo y el intento del 8 de enero de 2023. Por eso el defensor de Derechos Humanos brasileño, Silvio Almeida, lamentó mucho la cancelación de las ceremonias conmemorativas y la suspensión de una campaña de sensibilización cuyo el lema iba a ser: “Sin memoria no hay futuro”.

Pedro Arturo Aguirre

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19 oct 24

 

 

La caída de los coroneles

El pasado mes de julio se cumplió el 50° aniversario de la caída de la Dictadura de los Coroneles, un oprobioso régimen militar que significó un brutal período de siete años de persecución política, encarcelamientos, oscurantismo y terror. Los militares golpistas, la mayoría de ellos con el grado de coronel, llevaban tiempo colaborando con grupos de choque ultranacionalistas en la tarea de tratar de desestabilizar al gobierno. George Papadopoulos, cabeza visible de la insurrección, había sido el líder de la Unión de Jóvenes Oficiales, un movimiento xenófobo, anticomunista y antidemocrático. Ello explica los resultados tan violentos y crudos de su asalto al poder. También algunos de los coroneles eran colaboradores activos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Por ello, impedir la supuesta “inminente” toma del poder por parte de los comunistas en el cénit de la Guerra Fría en un país estratégicamente clave fue el principal pretexto para justificar el golpe de Estado.

En la primera hora de la mañana del 21 de abril de 1967, anticipándose a unas elecciones generales a celebrarse el 28 de mayo, los tanques salieron a las calles de Atenas, se instalaron al frente del Parlamento en la plaza Sintagma y cerraron las principales arterias de la ciudad. Los golpistas decretaron la ley marcial, suspendieron las garantías constitucionales y arrestaron a todas las principales figuras políticas del país. En la Grecia de posguerra funcionaba un sistema parlamentario inestable y feble, pero que garantizaba libertades democráticas básicas. Fuerzas extremistas de izquierda y derecha se dedicaron a sabotear la democracia, tal y como lo expone de manera magistral la genial película “Z” de Costa Gavras. El régimen de los coroneles aniquiló toda pretensión democrática y consolidó su poder a través de la intimidación y el terror. Muchos críticos y disidentes fueron llevados al campo de prisión de la isla de Giaros para ser “reeducados” en el discurso de la pretendida “continuidad nacional y cultural con el pasado heroico griego”. Numerosos funcionarios y profesores de escuela y universidades fueron destituidos. Los libros de texto fueron reescritos para reflejar una visión ideológica retrógrada, casi medieval.

La dictadura recibió el apoyo de Estados Unidos, sobre todo desde la elección de Richard Nixon y de su vicepresidente Spiro Agnew, hijo de emigrantes griegos, quien mantenía cercanas relaciones con la comunidad de negocios greco-estadounidense. Pero pese a ello la represión, la ausencia de una amplia base popular y la ineptitud de los coroneles en las gestiones gubernamentales terminaron por provocar su caída. En 1973 estudiantes universitarios organizaron manifestaciones masivas y cuando ocuparon la Universidad Politécnica de Atenas los militares aplastaron el movimiento con tanques y causaron al menos cuarenta víctimas mortales. La protesta coincidió con la crisis económica internacional, la cual sumergió a Grecia en una creciente agitación social. Para 1974 la dictadura griega mostraba evidentes síntomas de agotamiento y era objeto de rechazo social generalizado. Es entonces cuando los coroneles tuvieron la mala idea de embarcarse en una aventura militar para cumplir el sueño de la Enosis, es decir, recuperar Chipre, la “Grecia irredenta” según el relato de los ultranacionalistas.

La junta militar veía en la Enosis una forma de legitimar su poder en cuestión y darle continuidad a la dictadura. Años después, una fatídica idea muy similar tuvieron los militares argentinos al invadir las Islas Malvinas. La isla era una excolonia inglesa y estaba gobernada desde su independencia por el arzobispo Makarios, a quien se tildaba de comunista por mantener un buen nivel de convivencia entre la mayoritaria población grecochipriota y la minoría turcochipriota. En julio de 1974 los coroneles propiciaron un golpe de Estado contra Makarios. Pero el norte de la isla está poblado por la minoría étnica turca y el error de los coroneles fue suponer que el gobierno turco no haría nada para impedir la Enosis. Turquía actuó ante la pasividad de Estados Unidos y Gran Bretaña e invadió Chipre el 20 de julio de 1974 para ocupar el tercio septentrional de Chipre, división que persiste desde entonces. Ante la humillación recibida los coroneles dimitieron y el líder democrático Konstantinos Karamanlis volvió de su exilio para iniciar un gobierno cívico de unidad nacional y restaurar al sistema constitucional.

Kissinger fue el gran artífice del engaño que hizo caer a la dictadura griega. El astuto doctor K primero alentó el golpe de Estado en Chipre contra Makarios, a quien apodó “el Castro del Mediterráneo”, y más tarde dio luz verde a la invasión turca. El gobierno estadounidense estaba harto de la incompetencia de los coroneles y por ello instigaron a los turcos para emprender la invasión al mismo tiempo que lograban deshacerse de Makarios. Una jugada doble magistral y perversa. Hoy Chipre está dividido en dos partes: la República de la Chipre griega (miembro de la Unión Europea) y la República de la Chipre turca (sólo es reconocida por Turquía). Todos los intentos de reunificación han fracasado. Hace pocos años llegó a parecer plausible un acuerdo, pero la desconfianza mutua y los intereses internacionales (de Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, Turquía, Grecia, etc.) mataron cualquier esperanza.

Los grecochipriotas se han acostumbrado al statu quo y viven bien dentro de la Unión Europea, el interés del mandamás turco Erdogan es mantener la división y, por ello impulsa una fórmula de dos estados separados y propicia la colonización del tercio de territorio chipriota bajo su control con islamistas procedentes del continente.

Además, hoy más de un diez por ciento de la población de la isla la componen rusos ricos. El país es una especie de semi paraíso fiscal que atrae a israelíes, iraníes, británicos y chinos. Incluso crecen las quejas contra los nómadas digitales, quienes (como en la colonia Roma o la Condesa) han “gentrificado” zonas de la capital chipriota y provocado incrementos sustanciales en el precio de los alquileres. Los británicos desean mantener sus dos grandes bases militares y hasta a Hezbolá le ha dado por amenazar a Chipre con considerarla un enemigo y blanco legítimo de sus ataques si su territorio es utilizado para lanzar eventuales ataques al Líbano. Desenredar la madeja geopolítica para dar lugar a la reunificación parece imposible.

Pedro Arturo Aguirre

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12 oct 24

 

La pena de Austria

Austria nunca hizo un proceso de desnazificación como el realizado por Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y durante décadas se consideró una víctima más de Hitler cuando, en realidad, fue su más entusiasta aliada. Este país jamás realizó una reflexión autocrítica honesta y profunda sobre su responsabilidad en las masacres de los nazis y esa negligencia permitió a la extrema derecha austriaca heredera del nazismo mantenerse activa durante la posguerra. En 1948 se decretó una amnistía para levantar las sanciones contra la inmensa mayoría de quienes habían militado en las filas del nacionalsocialismo y se permitió la formación de partidos herederos, en alguna medida, de la ideología nazi. El más relevante de estos grupos fue el Partido de la Libertad (FPÖ), con un antiguo nacionalsocialista de alto rango, Anton Reinthaller, como fundador principal, quien defendía la idea de rehacer una Gran Alemania basada en la lengua germana, rearmada “para beneficio de la alianza occidental” y acrítica con la experiencia nacionalsocialista. Aunque por décadas estuvo marginado de la posibilidad de integrar cualquier coalición en virtud del “cordón sanitario” que le aplicaban los partidos tradicionales, el FPÖ siempre mantuvo una nada despreciable presencia social y ello lo hizo un partido especial en comparación con el resto de los movimientos nacionalistas y de extrema derecha europeos.

Hacia finales de los años ochenta surgió la figura de Jörg Haider, quien ya desde esa época (mucho antes de que se pusieran de moda) convirtió al FPÖ en uno de los partidos populistas de extrema derecha más poderosos de Europa. Carismático, sonriente y de porte atlético, con un aspecto moderno y juvenil, amigo de la ropa informal pero a la moda y de los coches deportivos, experto en mercadotecnia electoral, Haider supo seducir a miles de austríacos que nunca antes habían votado al FPÖ valiéndose de una narrativa demagógica y radical pletórica en hostilidad a las élites políticas y económicas y de rechazo a los inmigrantes, capaz de explotar los miedos de una parte de la sociedad a la globalización y, en particular, a la Unión Europea. Como ha sucedido son otros líderes populistas, utilizar un discurso provocador y lleno de declaraciones chocantes mucho ayudaron al crecimiento electoral de este líder austriaco, quien también enarboló la bandera de lo que él llamó “austropatriotismo” para la supuesta en defensa de “las raíces cristianas de la patria” contra la creciente presencia de inmigrantes musulmanes.

El éxito de Heider se hizo patente en las elecciones generales de 1999, cuando el FPÖ se convirtió en la segunda fuerza política del país. Los democristianos del Partido Popular Austriaco entonces cayeron en la tentación y formaron una coalición con los ultras. La Unión Europea, espoleada por el entonces presidente francés Jacques Chirac, impuso temporalmente una serie de sanciones políticas y diplomáticas a Viena consistentes en la restricción de las reuniones con representantes institucionales, la suspensión de los contactos oficiales a nivel político y el no apoyo a los candidatos austríacos que optasen a cargos en organismos internacionales. Pero estos desaires diplomáticos no afectaron las relaciones esenciales con genuino calado político, pues tanto el canciller austriaco como los ministros iban a seguir asistiendo a los consejos de la UE. Por su parte, Israel decidió retirar a su embajador en Viena. Todas estas sanciones orillaron a Haider a dimitir como líder del partido en 2002, aunque siguió siendo una personalidad extremadamente influyente hasta su muerte en un accidente automovilístico en 2008.

En las elecciones generales austriacas celebradas del pasado 29 de septiembre, y acorde con la ola ultraderechista en boga, FPÖ se erigió  en la primera fuerza política del país bajo la tutela de un líder tan controvertido como lo fue Heider: Herbert Kickl, quien ama presentarse a sí mismo como el “canciller del pueblo” (Volkskanzler) (una apelación utilizada en los años treinta por Hitler), acusar de “traidores al pueblo” a sus adversarios y reproducir las ideas típicas de la extrema derecha radical como las obsesiones conspiranoicas y deportar a los inmigrantes foráneos (con la eufemismo de la  “remigración”). También es furibundo aniislamista, adora a Vladimir Putin y niega la existencia del cambio climático. Durante la pandemia combatió los confinamientos y la vacunación obligatoria. Este es el perfil por quien han votado casi un tercio de los austriacos, por cierto, muy similar al de Björn Höcke, el líder de Alternativa para Alemania (Afd) en Turingia, donde hace apenas un mes los ultras fueron por primera vez los más votados con el 33 por ciento de los sufragios. Höcke es también un feroz crítico del Islam, partidario de la “remigración”, proputin y negacionista climático. Además de un nostálgico de la época nazi: ha criticado que se presente a Hitler como “totalmente maligno”, censurado el Monumento a los judíos asesinados en el Holocausto y utilizado la retórica nazi, como la consigna “¡Nada para nosotros, todo por Alemania!”, grito de guerra de las secciones de asalto nazis (SA), razón por la cual fue juzgado y multado el pasado mes de abril.

Los partidos de extrema derecha en Alemania y Austria difieren otros casos de ultras europeos en un aspecto primordial: ambos son claramente más radicales que sus similares en el resto del continente europeo. En los últimos años los partidos del arco populista de derecha han procurado moderar sus posiciones, pulir aristas y tratar de parecer más “presentables”, asumiendo algunos de los principios básicos del consenso europeo que antaño habían combatido con ahínco. Algunos analistas han bautizado este proceso con el nombre de “melonización” en alusión a la primera ministra italiana y líder del posfascista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, el nuevo referente de la ultraderecha “aceptable”. Un camino que ya había iniciado en 2011 la francesa Marine Le Pen, con su política de “exorcismo” del antiguo Frente Nacional, hoy Reagrupamiento Nacional, con evidente éxito. No ha pasado lo mismo en tierras germánicas. Tanto el FPÖ austriaco como Alternativa para Alemania han experimentado un proceso de radicalización en sentido inverso, hasta el grado de coquetear con los viejos eslóganes nazis.

Pedro Arturo Aguirre

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6 oct 24

 

 

Presidentes “Títere”

 

La inminente toma de protesta de Claudia Sheinbaum me ha llevado a reflexionar sobre la historia de los “presidentes títere”. Me refiero a esos tristes personajes impuestos por un antecesor demasiado ambicioso que pretende seguir manteniendo el poder tras bambalinas una vez que se ha retirado formalmente de la presidencia. Desde luego, en México destaca el episodio del Maximato (1928-34), con los tres mandatarios manejados a placer por el expresidente Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la Revolución. Pero en América Latina hay varios casos interesantes al respecto. En Venezuela, el caudillo Juan Vicente Gómez utilizó esa pantalla de colocar en la presidencia a un fulano irrelevante, carente de carisma y desprovisto de fuerza política propia con el propósito de darle un cartabón institucional a su tiranía. De esa manera apareció la patética figura de Juan Bautista Pérez, un abogadillo impuesto por el tirano (1929) en la tarea deshonrosa de fingir ser presidente. Al pobre mandatario de pacotilla la gente le llamó “Juan el bobo”. Nicaragua, durante las cuatro décadas de hegemonía de la infame familia Somoza, fue gobernada por el padre, sus dos hijos y dos títeres. De estos últimos destacó René Schick, un alcohólico empedernido quien “gobernó” impertérrito ante las acciones represivas y la corrupción rampante de los hermanos Somoza. Por cierto, los presidentes títere nicaragüenses inauguraron la modalidad de servir como un “puente” provisional entre dos miembros de una misma familia (tomar nota).

En República Dominicana, Rafel Leónidas Trujillo ejerció a sus anchas el poder por más de tres décadas, entre las cuales asomaron las figurillas de sus simuladores de oficio. Este tirano utilizó incluso a su insulso hermano, Héctor Bienvenido, para que fingiera como dizque presidente. Otros monigotes del Trujillato fueron Jacinto Peynado y Manuel de Jesús Troncoso. El último, Joaquín Balaguer, sobrevivió al sátrapa cuando ejercía dicha impostura y llegó a gobernar ya libre de la tutela del amo por un total de 26 años. En Argentina aún se recuerda el eslogan “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, de las elecciones presidenciales de 1973, cuando salió triunfador Héctor J. Cámpora (apodado “el Tío”, por ser el hermano de “papá”) solo para durar unos tristemente célebres 49 días en el poder durante los cuales fue constantemente humillado por el general. Más recientemente tenemos el caso del inepto Alberto Fernández, apodado por muchos como “Albertítere”, cuya vicepresidente, la exmandataria Cristina Kirchner, jamás se tomó la molestia de disimular que era ella quien realmente movía los hilos del poder mientras impulsaba -ojo- la carrera política de su hijo Máximo.

Pero no solo ha sido en América Latina. El resto del mundo conoce varios casos de presidentes títere. Uno muy emblemático y reciente (y, me parece, particularmente interesante en este momento para México) es el de Dimitri Medvedev. En 2008 Putin, al terminar su segundo mandato como presidente, decidió colocar a una marioneta para que le calentara un rato la silla presidencial. Con el control absoluto que tenía sobre el partido oficial, Putin lo configuró todo (manipulación de resultados electorales incluida) para anular las aspiraciones del resto de los aspirantes, de forma destacada las del entonces ministro de Defensa, Sergei Ivanov, quien contaba con popularidad y una base política personal. Medvedev le debía al cien por ciento su carrera política a Putin y dependía por completo del presidente. Lo había nombrado su asistente cuando trabajó en la administración de la ciudad de San Petersburgo a principios de la década de 1990. Después lo llevó a Moscú para que fungiera como su eficaz e incondicional “yesman”. Más tarde, ya como presidente, Putin nombró a Medvedev jefe de la administración del Kremlin y CEO del gigante energético Gazprom. En todas estas posiciones, demostró ser leal hasta el punto de abandonarse a sí mismo. Como sucede con todos estos títeres, se trataba de un hombre sin carisma desprovisto de una base política propia, carente de popularidad, pero muy trabajador y formado para estar siempre dispuesto a obedecer sin cortapisas al jefe.

A veces, las marionetas convertidas en mandatarios despiertan ciertas esperanzas de emancipación. No faltó quienes dentro y fuera de Rusia esperaban que Medvedev marcara en algún momento distancias con su patrón y demostrara tener personalidad y criterio propios. Tímidamente había prefigurado en su campaña algunos valores liberales. Sin embargo, nunca sucedió el destete. Tuvo una presidencia gris y anodina. Alguna vez, de acuerdo con algunos “kremlinólogos”, hubo una fase en la que Medvedev trató de dejar su huella, pero duró poco. En septiembre de 2009 dio una entrevista a la revista alemana Der Spiegel donde criticó “la primitiva dependencia económica en las materias primas y la corrupción crónica de Rusia”, así como “la esfera social semisoviética y el estado de ánimo paternalista” de la población. “El comercio de gas y petróleo es nuestra droga”, también dijo en aquella ocasión. Pero hasta ahí. Muy pocas veces fue capaz de tomar sus propias decisiones. El despido del alcalde de Moscú, Yury Luzhkov y más tarde su posición prooccidental sobre la campaña de la OTAN en Libia (que Putin criticó duramente), fueron sus únicas posiciones significativas e independientes. Todos los demás intentos de Medvedev de separarse de su mentor fracasaron estrepitosamente. Por ejemplo, quiso incluir a Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la esperanza de integrar al país en la economía mundial. Pero cada vez que los asesores de Medvedev eliminaban un obstáculo para unirse a la OMC, Putin, quien fungía como primer ministro, erigía uno nuevo.

Medvedev siempre se vio a sí mismo como el hermano pequeño de Putin. Durante su mandato los críticos señalaban desde la postura hasta el comportamiento y la forma como caminaba el presidente cuando estaba junto a su primer ministro. Era claro que estaba tratando de emularlo. Putin se dirigía a Medvedev por su nombre de pila mientras éste le hablaba a su primer ministro en un tono más formal. Incluso muchos notaban la forma un tanto despectiva como Putin se refería al presidente, quien se supone era  su jefe (aunque nunca llegó al extremo de apodarlo “Corcholata” o de estrujarlo groseramente mientras lo besaba, supongo). Medvedev duró en su impostura solo un mandato de cuatro años. En 2012 Putin decidió acabar con la farsa y volvió a la presidencia, a la cual se aferra hasta el día de hoy, mientras Medvedev sigue fungiendo como el más incondicional, servil e incluso fanatizado súbdito del déspota. Lamentable suele ser el destino de los presidentes títere.  

Pedro Arturo Aguirre

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28 sept 24

El anacrónico y perverso sistema electoral estadounidense

Estados Unidos tiene un sistema electoral anacrónico e injusto para elegir a su presidente. Se trata de un mecanismo indirecto donde se conforma un Colegio Electoral para decidir quién será el primer mandatario del país por un período de cuatro años. Cuando los electores de cada estado y del Distrito de Columbia votan por su candidatura preferida para presidente y vicepresidente, en realidad están votando por los electores presidenciales y vicepresidentes nominados por el partido político de su estado, los cuales están comprometidos (pero no legalmente obligados) a votar por su candidato en el Colegio Electoral. A cada estado se le asignan tantos electores como miembros tenga en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Con la adición de tres votos electorales para el Distrito de Columbia (1961) el colegio cuenta actualmente con 538 miembros. La historia del Colegio Electoral ha estado rodeada de controversia.  Los delegados a la Convención Constitucional de 1787, quienes representaban colonias con poblaciones muy dispares, se propusieron maximizar el poder de su estado en la selección de los jefes del Poder Ejecutivo. Encima de eso, pocos de los delegados a la Convención estaban a favor de una democracia representativa o directa. Surgió así un mecanismo de lección indirecta con un Colegio Electoral que otorga una ventaja desproporcionada a los estados más pequeños. También el factor esclavista tuvo peso en esta decisión, porque los estados del Sur temían ser avasallados por el Norte si no se adoptaban medidas para balancear el poder

Pese a ser un mecanismo poco democrático, este sistema electoral puntualmente cada cuatro años y sin interrupción desde la primera elección presidencial (1788). En la actualidad, 48 de los 50 estados (salvo Maine y Nebraska) utilizan un proceso en el que el ganador se lleva a todos los electores. Sin embargo, aunque ha funcionado interrumpidamente y con puntualidad, este método no ha estado exento de controversias. En 1876, 1888, 2000 y 2016, el Colegio Electoral seleccionó a candidatos con menos votos que sus oponentes en las elecciones generales. Esto llevó a las presidencias de Rutherford Hayes, Benjamin Harris, George W. Bush y Donald Trump, respectivamente. Las polémicas han crecido con el tiempo Los críticos se oponen al Colegio Electoral porque sobrerrepresenta a los estados con poblaciones pequeñas. Esto hace posible ganar acumulando una mayoría en el Colegio Electoral que emana de estados poco representativos de la mayoría de la población estadounidense. Por ejemplo, en el actual Colegio Electoral, unas 736,011 personas obtienen un voto electoral en los tres estados más poblados (California, Texas y Florida) y solo 211,534 en los tres estados con la población más pequeña (Alaska, Vermont y Wyoming). Así, el poder de voto presidencial de los ciudadanos no se distribuye de manera equitativa, sino que depende del estado en el que residen.

El Colegio Electoral es impopular entre la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. Encuestas realizadas recientemente hablan de un 65 por ciento de ciudadanos favorables a establecer la elección directa del presidente. ¿Por qué si es tan claramente antidemocrático e impopular prevalece este sistema después de tanto tiempo? Pues porque beneficia directamente al Partido Republicano, mucho más favorecido que sus contrincantes en los estados rurales y menos poblados. Los críticos del Colegio Electoral han abogado por muchas formas de solucionar sus problemas en la historia reciente, que van desde reformas modestas hasta la abolición total. Pero para ello se necesitaría aprobar una enmienda constitucional y ello solo puede hacerse con el concurso republicano. A falta de la abolición, es posible mejorar muchos de los problemas del Colegio Electoral atacándolos a nivel estatal. Una de las reformas propuestas es asignar los votos electorales para cada estado de manera más proporcional, como ya lo hacen Nebraska y Maine. Pero incluso esa idea es rechazada por los republicanos.

Más grave aún, el sistema electoral vigente en Estados Unidos para la elección presidencial no solo socava la confianza en la democracia al distorsionar la voluntad de la mayoría. Muchos de los politólogos más destacados en nuestro vecino país del Norte lo acusan de tener un efecto perverso al contribuir a la polarización. Desde luego, la radicalización y el ascenso de la extrema derecha en la política estadounidense tienen orígenes multifacéticos, pero la existencia del Colegio Electoral la exacerba. Aunque se ha escrito mucho sobre las deficiencias del sistema, desde la sobrerrepresentación de estados más pequeños hasta la importancia excesiva que otorga a los llamados “estados columpio” (swing states), un factor clave que a menudo se pasa por alto es cómo el sistema actual emplaza al Partido Republicano en la búsqueda de políticas de extrema derecha. Bajo el Colegio Electoral, los republicanos ¨desperdician” muchos menos votos que los demócratas. Como el candidato ganador obtiene todos los votos electorales de un estado con una mera mayoría simple, todos los sufragios recibidos por los derrotados son esencialmente inútiles en un juego de “suma cero”. Esto significa que los votos en estados política y étnicamente más heterogéneos, como California y Nueva York, juegan un papel mucho menos significativo en el Colegio Electoral que los sufragios emitidos en un puñado de estados indecisos y/o poco poblados y menos heterogéneos.

Al sobrerrepresentar a los estados más pequeños los republicanos obtienen una gran ventaja. Poder ganar las elecciones aun perdiendo en el total del voto popular implica un incentivo perverso para los candidatos de este partido para desplazarse a la derecha porque en los estados rurales, más homogéneos y menos poblados el conservadurismo es mucho más popular. Así, las posiciones de los aspirantes republicanos procuran atraer solo a una minoría del público estadounidense en lugar de tratar de representar a la mayoría. El Partido Republicano está ahora más a la derecha ideológica que casi todos los principales partidos conservadores de los países desarrollados y puede permitirse el lujo de impulsar posiciones cada vez más radicales en parte debido a su ventaja en el Colegio Electoral. De lo contrario, si la elección fuese directa, tendrían que ganar mayorías verdaderas y se verían obligados a adoptar un enfoque más centrista.

Pedro Arturo Aguirre

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21 sept 24

 

 

Historia de la antipolítica 4: Alberto Fujimori

La sorpresiva victoria de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales peruanas de 1990 fue uno de los primeros triunfos relevantes de la “antipolítica”. El recientemente fallecido expresidente peruano llegó al poder como candidato del movimiento independiente Cambio 90. Ingeniero agrónomo, hijo de japoneses, desconocido para la opinión pública e incluso adoleciendo dificultades para expresarse correctamente en español, Fujimori venció con una amplia ventaja a una de las mayores glorias de la literatura universal: Mario Vargas Llosa, quien fue postulado a la presidencia candidato del Frente Democrático (Fredemo).  En 1990, Perú se encontraba en la más absoluta bancarrota agobiado por la hiperinflación que había propiciado el desgobierno de la primera administración de Alan García. Por eso, el Fredemo aparecía como amplio favorito para vencer en las urnas al APRA, el partido de gobierno, desgastado al extremo por la crisis económica. El Fredemo parecía tenerlo todo: unidad, un programa electoral bien diseñado, el asesoramiento de consultoras internacionales especializadas en la realización de campañas, apoyo de los principales grupos de poder económico y, sobre todo, un candidato excepcional, carismático y reconocido como escritor y atractiva personalidad internacional en todos los rincones del planeta.

Confiados, los estrategas del Fredemo se centraron en tratar de superar el 50 por ciento de los votos necesarios para alcanzar la presidencia sin necesidad de ir a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Sin embargo, de manera inusitada, hacia la celebración de la primera vuelta de un grupo de cinco candidatos rezagados (que no sobrepasaban el 2 por ciento en los sondeos) comenzó a destacar un tal Alberto Fujimori. Comenzó entonces todo un tsunami electoral. En la primera vuelta se dio la gran sorpresa: Vargas Llosa alcanzaba apenas el 27.6 por ciento de votos, mientras Fujimori conquistó el segundo lugar pisándole los talones con el 24.6 por ciento. Estos resultados alteraron el mapa. Lo que no entró en los cálculos políticos de la aparentemente invencible campaña de Vargas Llosa fue el hondo hartazgo de la población frente a la clase política en general y no solo ante el gobierno. También contribuyó una cierta arrogancia del autor de Conversación en la Catedral, así como su muchas veces brutal sinceridad sobre los efectos del severo ajuste económico que pensaba aplicar los primeros meses de su gobierno. Asimismo, jugó como factor central la polarización étnica que desde hacía mucho tiempo imperaba en el país y la cual reapareció con todo ímpetu.

Cambio 90, el pequeño partido fundado por Fujimori, tenía una composición social heterogénea con representantes de la pequeña y mediana empresa, profesionistas de clase media y las iglesias evangélicas, cuya presencia en Perú, como en varios países de América Latina, había crecido considerablemente ya para entonces. El partido se presentaba como una fuerza “democrática y nacionalista, que se sustenta básicamente en los adelantos tecnológicos para lograr el desarrollo nacional”. Fujimori ascendió al proscenio político con un perfil pragmático y técnico quien ofrecía soluciones fáciles a problemas complejos, estrategia muy común en los demagogos de la antipolítica que dicen despreciar el estéril debate de ideologías y el politiqueo tradicional. Aunque, ciertamente, el fracaso de los partidos políticos tradicionales en la resolución de los problemas, la crisis económica y la violencia política reinante a la sazón en Perú generalizó una valoración negativa de la política. Por eso la aparición de un candidato ajeno a los partidos representaba la posibilidad de contar con una etapa superior y más virtuosa de gobernar. Por eso la ausencia de un programa de gobierno y de una ideología definida se tornaron en ventajas electorales para Fujimori, quien supo leer el malestar existente en el Perú y acercarse a los desencantados con un discurso básico de mensajes simples y premisas mínimas.

Así, Vargas Llosa se viera repentinamente enfrentando la batalla decisiva por la segunda vuelta en desventaja, pues debido a la campaña corrosiva que había desplegado contra del gobierno de García, la mayoría de aquellos que votaron por el APRA y las izquierdas se inclinaban por Fujimori. Sus asesores decidieron cambiar las actitudes. Rectificando los errores de la primera vuelta, el Fredemo ya no habló de la necesidad de un “shock neoliberal” y mejor puso énfasis en su programa social. Se empezó a ver a Vargas Llosa vestido con ropas sencillas, abrazando pobres y bailando chicha, mientras se adherían públicamente a su candidatura estrellas de la televisión e ídolos del deporte nacional. También le metió su rival, hombre de poca soltura dialéctica, un fuerte varapalo en un debate televisado. Pero también se cometieron los errores de señalar la condición étnica del candidato de Cambio 90 y de introducir el elemento religioso. La Iglesia católica lo acusó de querer beneficiar a las iglesias evangélicas. Fujimori echó leña al fuego del enfrentamiento étnico al referirse al “chinito y los cholitos” que derrotarían a los “pitucos” (como se le dice a los blancos en Perú). Entendió que le convenía atizar este fuego en una nación tan dividida por el enfrentamiento étnico y por ello lo aceptó de mil amores y explotó el apelativo de “El Chino”, que espontáneamente le habían endilgado tanto adversarios como seguidores, para recalcar su ascendiente no europeo y, por tanto, mestizo. 

Ninguna de las estrategas de último minuto le funcionaron al Fredemo. Fujimori, con su apolítico lema de “Honestidad, Tecnología y Trabajo”, su ofrecimiento de ser una alternativa a los políticos y partidos tradicionales, sus promesas imprecisas de prosperidad y seguridad a espuertas y sus acentos populistas dio uno de los campanazos más grandes en la historia electoral del mundo. Lo hizo tras surgir como un personaje anónimo, carente de cualquier experiencia política previa, sin un soporte partidista digno de llamarse tal y con escasos medios para financiar su campaña proselitista. Todo un outsider que irrumpía desde cero, cuya victoria fue interpretada como un voto de censura sin precedentes a una clase política desacreditada por su venalidad e incompetencia. El resto de la historia de la antipolítica de Fujimori es bien conocido. El Chino se convirtió en dictador. Durante algún tiempo, gracias a indiscutibles triunfos en los terrenos económico y de lucha antiterrorista, recibió el apoyo de la mayoría de los peruanos, pero su régimen se hizo cada vez más represivo y terminó en medio de gravísimos escándalos de corrupción. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

Pedro Arturo Aguirre

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13 sept 2024

 

Nixon y Trump: las grandes diferencias

Hace un par de semanas se cumplieron 50 años de la renuncia de Richard M. Nixon a la presidencia de Estados Unidos. Watergate representó un triunfo de la democracia estadounidense y de su Constitución. Las instituciones demostraron su vigor y viabilidad ante una dura prueba. Hoy, medio siglo después, esas mismas instituciones se han desgastado. En 1974, no pocos republicanos apoyaron la destitución de Nixon de su cargo porque sus transgresiones a la ley aparecían como evidentes. En las últimas décadas, los partidos se han mostrado inflexibles a la hora de unirse en torno a sus presidentes en problemas, ya sea Bill Clinton por su relación con el caso Lewinsky o Donald Trump y las acusaciones en torno a la insurrección del 6 de enero de 2021. En los años posteriores a la renuncia de Nixon, el escándalo inspiró una reafirmación de la autoridad del Congreso y la aprobación de nuevas leyes de ética, fortaleció el papel de los tribunales para restringir el poder presidencial y dio una nueva prominencia a los medios de comunicación como guardianes públicos. Sin embargo, durante el último medio siglo, esas instituciones han recibido muchos golpes en su reputación, gracias en buena medida a los implacables ataques de Trump y sus partidarios del movimiento MAGA. Una encuesta de Gallup de 2023 año pasado encontró que apenas el 8 por ciento de los estadounidenses dicen que tienen “mucha” o “bastante confianza” en el Congreso como institución. El 17 por ciento dijo lo mismo sobre el sistema de justicia.

Salvo por el escándalo Irán-Contras en la época de Ronald Reagan, nadie había puesto a prueba el sistema político post-Watergate más que Trump, el único expresidente que ya ha sido condenado por delitos (en el caso de Stormy Daniels) y el único que enfrenta aun acusaciones penales graves en cuatro casos, incluidas las acusaciones relacionadas con el 6 de enero y en el de la acumulación ilegal de documentos clasificados en la residencia de Mar-a-Lago. El exabogado de la Casa Blanca, John Dean, un testigo clave contra Nixon durante los días de Watergate, declaró el pasado 8 de agosto (justo el día del aniversario de la renuncia de Nixon) en una entrevista a CNN que los esfuerzos de Trump dirigidos a intentar torcer los resultados de las elecciones de 2020 fueron “mucho más graves, ilegales y antidemocráticos que todo lo perpetrado en Watergate”. Pero Trump, y la mayoría de sus votantes, han rechazado la comparación con Nixon. Al contrario, el magnate se presenta, y con considerable éxito, como una “víctima”. En 2019, después de que fracasara el proceso de impeachment en torno a la posible interferencia rusa en las elecciones de 2016, Trump arremetió ante los periodistas con respecto a Nixon: “Él se fue. No me voy. Una gran diferencia. No me voy”.

Nixon renunció a su cargo pocas semanas después de publicar grabaciones de la Oficina Oval que revelaron el alcance de su participación en el encubrimiento del escándalo Watergate. En medio de ese escándalo, Nixon declaró: “La gente tiene que saber si su presidente es o no un pillo. Bueno, no soy un pillo”. En la primavera de 1973, el fiscal especial que investigaba el caso Watergate fincó responsabilidades a siete asociados de la campaña para reelegir a Nixon y solicitó al presidente la presentación de las grabaciones de las reuniones en el Despacho Oval. Pero Nixon se negó a entregarlas. En cambio, argumentó que podría desdeñar la citación porque, según él, el presidente de Estados Unidos goza de un “privilegio ejecutivo absoluto” de inmunidad contra el proceso judicial. En otras palabras, Nixon afirmaba estar por encima de la ley. Pero la Corte Suprema, que incluía a tres jueces designados por el propio Nixon, rechazó por unanimidad este argumento. El Tribunal explicó que, aunque el privilegio ejecutivo puede permitir al presidente mantener en secreto cierta información confidencial en algunos casos, no puede utilizar el privilegio ejecutivo para ocultar pruebas de presuntas irregularidades legales “en virtud de nuestro compromiso histórico con el Estado de derecho”. Dos semanas después, Nixon hizo públicas las cintas, las cuales no solo revelaron la magnitud de la colaboración de Nixon en Watergate, sino también violaciones de las leyes de financiamiento de campañas.

El descubrimiento de estos abusos condujo a una era de reformas, durante la cual el Congreso fortaleció las leyes de financiamiento de campañas, creó la Comisión Federal Electoral para hacer cumplir esas leyes y aprobó leyes que requerían una mayor transparencia gubernamental. Pero en los últimos tiempos ha cambiado todo para mal. Al igual que Nixon, Trump apeló a la estrategia de hacer valer el pretendido “privilegio ejecutivo” durante su mandato. Alegó que el privilegio ejecutivo justificaba su retención de posibles pruebas de irregularidades relacionadas, entre otras cosas, con el informe completo del fiscal especial Robert Mueller sobre la influencia rusa en las elecciones de 2016 y en el intento del presidente de despedir a Mueller. Trump también intentó proteger con el mismo argumento presuntas irregularidades personales. En 2018, el fiscal de distrito de Manhattan citó a la firma de contabilidad personal de Trump en busca de los registros financieros personales y comerciales y las declaraciones de impuestos del presidente. Trump luchó contra la citación otra vez haciéndose eco de Nixon y afirmó que podía ignorarla porque un presidente en funciones debería disfrutar de “inmunidad absoluta contra el proceso penal”.

A principios de este año la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, dominada por una clara mayoría conservadora, aprobó otorgar inmunidad absoluta a la conducta que, según dice del controvertido dictamen, cae dentro de las responsabilidades constitucionales "centrales" del presidente. Eso contradice claramente lo que el tribunal sostuvo hace 50 años en el caso de Estados Unidos vs Nixon y hecha para abajo el principio de que un presidente no está por encima de la ley y debe ser tratado como cualquier otro ciudadano. Este infame dictamen afirma que “Trump es absolutamente inmune al enjuiciamiento por la supuesta conducta que involucra sus discusiones con funcionarios del Departamento de Justicia”. Esto, al hacer referencia del envío de cartas a los estados donde se afirmaba falsamente fraude en las elecciones de 2020 e instaban y los conminaba a anular los resultados. También se do el este dictamen a pesar de que la acusación del fiscal especial Jack Smith establece cómo esas conversaciones fueron parte de una conspiración general para obstruir una transferencia pacífica del poder. Peor aún, a diferencia de la opinión en el caso Estados Unidos contra Nixon, el tribunal obstaculiza al fiscal al limitar las pruebas que se pueden utilizar para refutar la presunción de inmunidad presidencial. ¡Tricky Dick estaría encantado!

Pedro Arturo Aguirre

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31 ago 24

 

 

El David de Indochina

A mediados de julio falleció Nguyen Phu Trong, líder máximo de Vietnam, quien aunque asumió altos cargos relativamente tarde en su vida logró impactar significativamente la historia contemporánea su país. Personalizó el ejercicio del poder de una forma no vista desde hacía décadas en Vietnam, debilitando el sistema de toma de decisiones basado en el consenso dentro de la cúpula del Partido Comunista que prevalecía desde mediados de los años ochenta; lanzó una batalla anticorrupción (que también le permitió purgar a sus opositores políticos); reprimió la disidencia popular; adoptó una política exterior más audaz y reforzó la influencia del ejército. Es casi seguro que la mayoría de estos enfoques serán adoptados por su sucesor. De hecho, los cambios de la era Trong hacen posible que el próximo líder de Vietnam ejerza facultades casi dictatoriales. Sin embargo, esto podría alimentar la creciente ira popular contra el gobierno del Partido Comunista. Vietnam se ha convertido en una de las principales potencias del Sudeste Asiático donde las grandes empresas ven una buena opción para trasladar sus fábricas desde China, pero también es un país donde las crecientes clases medias demandan más democracia y mayores espacios de desarrollo personal.

La historia de como Vietnam se convirtió en un nuevo “tigre económico” asiático es fascennte. Cuando la guerra terminó su economía era una de las más pobres del mundo. A mediados de la década de 1980 el PIB per cápita estaba estancado entre 200 y 300 dólares. Pero entonces todo cambió. En 1986, el gobierno introdujo una estrategia llamada “Doi Moi”, una serie de reformas económicas liberalizadores que llevó al país a convertirse en una “economía de mercado de orientación socialista”, muy al estilo de China. Actualmente Viet Nam es una de las estrellas del universo de los mercados emergentes. Su índice de crecimiento económico anual  rivaliza con el de China. Entre los activos más importantes de este país se cuentan: posición geográfica estratégica, estabilidad política, enormes recursos naturales inexplorados, reservas mineras, mano de obra altamente capacitada y una base agrícola en plena expansión.

Para llegar a esto los vietnamitas superaron una serie de difíciles avatares, tales como haber derrotado en el campo de batalla a dos de las principales potencias militares y económicas del orbe: Francia y Estados Unidos. Convertido en un auténtico “David” indochino, Vietnam no deja de tener para la imaginación humana el encanto que poseen las entidades débiles cuando enfrentan y vencen a rivales notoriamente más poderosos. Tras la guerra la nación se encontraba derruida. Aproximadamente el 16 por ciento de la población había perecido, el 57 por ciento había quedado sin casa y miles de  ciudadanos se encontraban incapacitados para el resto de sus vidas como consecuencia de sus heridas. La industria nacional prácticamente había dejado de existir, mientras que en el campo la producción de alimentos disminuía drásticamente. Por si fuera poco, enfrentaba un creciente aislamiento internacional. Estados Unidos decretó un bloqueo comercial y económico, las naciones de la ASEAN cerraban sus puertas al vecino comunista (el cual sólo les provocaba un profundo temor) y la misma China Popular no veía con buenos ojos a un país abiertamente simpatizante de la Unión Soviética.

Para colmo, los gobernantes comunistas de la época eran demasiado ortodoxos. En los setenta Vietnam se embarcó en varias aventuras económicas y militares que le resultaron sumamente costosas. Intentó infructuosamente reconstruirse bajo esquemas comunistas. Solo se logró provocar un éxodo masivo con cientos de miles de vietnamitas optaron por huir en masa del país. Para principios de 1990 el panorama se presentaba negro para el otrora heroico Vietnam. Pero entonces llegó al poder el reformista Vo Van Kiet, quien lanzó una serie de iniciativas encaminadas a reconciliar a Vietnam con Occidente y a poner las bases de una nueva política económica, la cual abandonaría la ortodoxia comunista. Se redactó una nueva Constitución (1992) donde si bien se seguía enfatizando el monopolio del poder del Partido Comunista, también se estipulaba su obligación de sujetarse a la ley. Las instituciones políticas y administrativas serían reforzadas. El legislativo recaería en una Asamblea Nacional cuyas facultades serían ampliadas. El primer ministro, encargado principal de la marcha del gobierno, sería responsable ante el parlamento. Asimismo, se establecería el cargo de presidente de la República. De esta forma, se buscaba trasladar el dominio del proceso de toma de decisiones del Partido Comunista a un nuevo andamiaje gubernamental

Aunque la Constitución confirma el carácter socialista del Estado, también establece “nuevas reglas” que permiten formas de propiedad privada tanto en la industria como en el campo y garantizan la protección a la inversión extranjera. Básicamente, la estrategia de Vietnam no difirió mucho de la adoptada por otras naciones de nueva industrilización asiáticas: convertirse en un país que ofrezca a los inversionistas extranjeros mano de obra barata y estabilidad política asegurada. Una vez lograda la reforma institucional e iniciadas las transformaciones económicas, los resultados no dilataron demasiado en aparecer. La inversión extranjera, sobre todo la proveniente de las naciones con economías en auge de la región Asia-Pacífico, arribaron en cantidades considerables. Asimismo, en 1994 Hanoi logró dos importantes éxitos en materia exterior, los cuales repercutieron positivamente en el desarrollo económico del país: la reconciliación oficial con China Popular y el fin de las sanciones norteamericanas.

En el transcurso de unos cuantos años una nación arruinada por la guerra, aislada del mundo y azotada por la hambruna fue capaz de reconstruirse a si misma. Ante el colapso del socialismo en Europa del Este y la desintegración de la Unión Soviética, los líderes vietnamitas demostraron tener la suficiente voluntad política y pragmatismo para realizar cambios graduales hacia una economía de mercado. Este proceso de transición fue reforzada por una diplomacia práctica y eficiente, la cual permitió a Vietnam dejar de ser una nación aislada y reintegrarse plenamente a una sana convivencia internacional. Pero en Vietnam se mantiene un sistema político totalitario controlado por el Partido Comunista. El desarrollo económico y mayor bienestar material no han estado acompañados por una mayor democratización de la sociedad, una tendencia que lejos de ser revertida durante el mandato del fallecido hombre fuerte Nguyen Phu Trong fue agudizada. Además del déficit democrático, la sociedad vietnamita enfrenta otra serie de problemas institucionales, entre los que destacan los altos niveles de corrupción, excesiva discrecionalidad en manos de las autoridades locales en la aprobación de proyectos de inversión, subsistencia de obstáculos para el desarrollo de los negocios, así como un escaso grado de libertad económica, debido al mantenimiento de diversos mecanismos de control gubernamental. Todo esto no solo significa menos libertad para los vietnamitas, sino que también representa una eventual amenaza para el desarrollo económico del país.

 

Pedro Arturo Aguirre

Publicado en Etcétera

17 ago 24