Inhabilitar candidatos para evitar su participación en comicios presidenciales es la estrategia de moda (aunque no nueva) en muchos de los autoritarismos actuales, los cuales utilizan una fachada democrática. En efecto, suelen servirse del sufragio para llegar al poder y ya en él empiezan a minar al régimen democrático subyugando la función Legislativa y la independencia del Judicial, de las fiscalías y de los tribunales electorales. En este contexto, actualmente recurrente, las inhabilitaciones son un arma contra rivales fuertes o potencialmente peligrosos. El último caso de esto lo presenta Venezuela, donde el régimen de Maduro inhabilitó hace un par de semanas a la opositora María Corina Machado para participar en las primarias de la oposición, previas a las elecciones presidenciales de 2024. Esta inhabilitación (por 15 años) fue dictada por la Contraloría General de Venezuela luego de una supuesta investigación patrimonial donde esta institución determinó errores y omisiones en las declaraciones de Machado.
Las inhabilitaciones políticas sin mediar una sentencia judicial firme comenzaron a utilizarse en Venezuela en el año 2006, afectando principalmente a candidatos postulados por la oposición, pero también a aspirantes a cargos provenientes del chavismo disidente.
Una ley secundaria faculta al Contralor General de la República a imponer inhabilitaciones, no obstante estar eso en contradicción con la Constitución, la cual establece que la vigencia del ejercicio de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por una sentencia judicial firme. Y no solo es Machado, Juan Guaidó y Henrique Capriles también estarán impedidos para participar en los comicios de 2024.
Por su parte, el dictador Daniel Ortega hizo aprobar previo a las elecciones presidenciales de 2021 una serie de aberrantes leyes para coartar cualquier candidatura disidente. En Nicaragua, el gobierno tiene el poder de declarar unilateralmente a cualquier ciudadano como "terrorista" o "golpista" e incluso "traidores a la patria" para, con ello, poder prohibirle presentarse como candidato. Guatemala sigue los mismos pasos: las elecciones realizadas el 25 de junio estuvieron marcadas por la inhabilitación de candidatos presidenciales con argumentos inconsistentes. No solo sucede en América Latina. Un tribunal turco condenó, a finales del año pasado, al popular alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, a casi tres años de cárcel, por lo cual se le impidió presentarse a las elecciones. Las personas condenadas a menos de cuatro años rara vez son encarceladas en Turquía, pero esta sentencia -impuesta por "insultar a un funcionario público"- inhabilitó a Imamoglu, una de las principales figuras de la oposición. Hace poco en Polonia cobró vigencia, en medio de manifestaciones populares de protesta, una ley para investigar la influencia rusa en Polonia, la cual no es sino una herramienta para inhabilitar a los rivales del partido en el gobierno, en especial al líder opositor Donald Tusk.
En Egipto, la Comisión Electoral Suprema sistemáticamente ha dejado fuera de los comicios presidenciales a candidatos de la oposición "por no cumplir con los requisitos técnicos". En India, Rahul Gandhi, líder del histórico Partido del Congreso, fue despojado de su escaño en el Congreso e inhabilitado tras ser condenado en un tribunal por difamar al primer ministro indio, Narendra Modi. Aunque, para ser justos, no todas las inhabilitaciones recientes han afectado a candidatos peligrosos para alguna autocracia. Bolsonaro no podrá concurrir a ninguna elección para un cargo público hasta 2030 tras ser condenado por el Tribunal Superior Electoral por tratar de deslegitimar al sistema electoral. Más difícil será inhabilitar a Trump, quien pese a enfrentar graves cargos federales y estatales podría no ser inhabilitado automáticamente si es hallado culpable. Pero son dos casos de democracias tratando de defenderse ante los embates de dos políticos atrabiliarios con evidentes tendencias autoritarias.
En México, las inhabilitaciones recientes más célebres las aplicó la autoridad electoral a dos candidatos oficialistas a gobernador, Félix Salgado y Raúl Morón, por no haber presentado en tiempo y forma el informe sobre sus gastos de precampaña, tal y como lo establece con claridad la ley. Ello, como se recordará, provocó las iras de las dirigencias morenistas, empezando por el presidente. Pero tenemos un gobierno poco amigo de las instituciones autónomas. Por ello muchos temen la posibilidad de vernos inmersos en esta moda de inhabilitar candidatos opositores con cualquier pretexto, sobre todo por alguna de nuestras fiscalías. Por ahora, a menos de un año de celebrarse la elección presidencial, la tentación podría estar a la vista.
Pedro Arturo Aguirre
Publicado en la columna Hombres Fuertes y en El Economista
12 de julio 2023
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